Transiciones
Por: Víctor Alejandro Espinoza

TIJUANA BC 11 DE DICIEMBRE DE 2018 (AFN).- Para los detractores del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la democracia mexicana se encuentra en peligro por la crítica que aquél ha llevado a cabo acerca de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como sabemos la SCJF recientemente aprobó la suspension de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicas, mientras que TEPJF declaró la validez legal de los resultados de la elección de gobernador del estado de Puebla.

Los partidos opositores a AMLO, PRI, PAN, PRD, MC presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJF por la nueva ley de remuneraciones de los servidores públicos que establecía que nadie podia ganar más que el Presidente de la República. El salario de AMLO es de 108 mil pesos. Los ministros pusieron el grito en el cielo. Y llegaron a afirmar que requerían ganar altos salarios para no caer en la tentación de corromperse. Pero lo que resultaría gravísimo, si se confirma la información, es que hayan sido los mismos ministros quienes le redactaron a los partidos el recurso de inconstitucionalidad.

La oposición aprovechará cualquier coyuntura para atacar a AMLO. Lo paradójico es que su defensa de los privilegios del Poder Judicial es antipopular. Son bastante limitados políticamente. Con tal de golpear a AMLO son incapaces de evaluar que por esa vía aumentará su repudio popular. Son cortoplacistas: es una victoria pírrica la que han obtenido. La prueba de las urnas no la podrán soportar. No me imagino que en los actuales procesos electorales que se llevan a cabo en el país, algún candidato de estos cuatro partidos defienda públicamente las altas remuneraciones de quienes trabajan en el Poder Judicial bajo el argumento de que están defendiendo a la democracia. Es un suicidio, pero son incapaces de preverlo.

La oposición a AMLO, que no solo se integra por los partidos referidos, sino por un amplio sector de comentócratas y autonombrados representantes de la sociedad civil, sostienen que el actual diferendo con el Poder Judicial pone a México en la antesala de una crisis institucional. La democracia se encuentra en peligro, gritan en sus columnas. AMLO “es un peligro para el país, se los dijimos pero no nos hicieron caso”. Esto va a ser el caos. Se atreve a cuestionar el sacrosanto salario de los ministros. Pronto convocarán a la tercera marcha fifi.

Entrevisté a una médico que ha trabajado por años en la SCJN. Lo que me describió es de verdad grosero y ofensivo para la mayoría de los mexicanos. No solo son los altos salarios, bonos y otros apoyos en efectivo; es la cantidad de personal al servicio de los ministros. Prácticamente no se preocupan ni del servicio domestico o reparaciones de casa: todo está incluido. Esos son los privilegios que no están dispuestos a perder. Se enriquecen con el cargo.

Equilibrio de poderes no debe ser de ninguna manera que alguno de los tres no pueda señalar irregularidades, corruptelas, actos inmorales o injusticias (como esta de las altas remuneraciones). Es como utilizar el argumento de la autonomía de algunos órganos o de universidades públicas para no rendir cuentas a nadie y operar sus cuantiosos recursos con la finalidad de lucrar de manera privada o ejercer el poder de forma autoritaria. Más en un sistema presidencialista como el nuestro, la obligación del presidente es fijar las principales políticas para combatir los problemas. La pobreza en la que vive la mayoría de mexicanos justifica ampliamente las políticas de austeridad que ataquen los privilegios. Creo que los miembros del Poder Judicial, y sobre todo los ministros, han perdido el piso y vivir en un mundo de confort no les permit ver a su alrededor. Lo preocupante es que con esos principios construidos por excesos ejerzan su actividad principal que es dispensar justicia. Quien siempre vive rodeado de lujos se olvida que la democracia es el gobierno de muchos. Y que la mayoría tiene derecho a exigirles cuentas. Eso no vulnera los principios de la democracia o de la division de poderes. Simplemente todos los funcionarios deben estar sujetos al escrutinio publico. La ley en la que se amparan es injusta. Se debe cambiar. El nuevo gobierno cuenta con la legitimidad para hacerlo.

Director del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte. Correo electrónico: [email protected]. Twitter: @victorespinoza_

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