Transiciones
Por: Víctor Alejandro Espinoza

TIJUANA BC 6 DE FEBRERO DE 2018.- ¿La crisis política y social por la que atraviesa nuestro país tiene una matriz legal? Es decir, ¿estamos ante la ausencia de legalidad, ante la mala aplicación de las normas o la crisis la genera la impunidad? Pienso que plantear de esa manera las preguntas no conduce a respuestas convincentes. Enfoquemos nuestra interrogante central desde otra perspectiva: ¿La expresión “ausencia de un Estado de Derecho” es la respuesta al cuestionamiento de que no hay un aparato legal en México? ¿Entonces la solución es promulgar más leyes?

Considero que en México confundimos a menudo las categorías de legalidad y legitimidad. Muchas de las disposiciones y de las decisiones que toman nuestros gobernantes son legales pero no legítimas. Muchas veces se basan en leyes elaboradas “a modo” para favorecer intereses puntuales. Son amañadas pues normalmente son aprobadas por congresos cuyas bancadas responden a intereses de grupo o de corporación. Desde luego que una vez aprobadas darán cobertura legal a una amplia gama de negocios o de acciones para beneficiar a ciertos particulares.

Pongo un par de ejemplos para explicar lo que vengo diciendo. En la mayoría de las universidades, sus estatutos establecen la forma en la que serán nombradas sus autoridades: normalmente es a través de la Junta de Gobierno. Y todo se encuentra perfectamente normado: desde la postulación hasta la toma protesta del nuevo Rector o titulares de Facultades, Centros o Institutos. El problema es como se contempla en la norma la integración de ese órgano máximo. Normalmente los miembros de dicho cuerpo colegiado lo son por designación del grupo que controla el poder. Así, la mayoría de sus decisiones son legales pero muy pocas veces legítimas. ¿Es un problema legal? No, es un problema de diseño institucional avalado por la ley. 

La misma Constitución Política federal contiene artículos contradictorios entre sí (esto en mucho por la cantidad de reformas que ha tenido a lo largo del tiempo). Sí se aplican al pie de la letra pueden dar forma a verdaderos laberintos jurídicos que hacen más complicada su aplicación, aunque cada una de las decisiones sea legal.

En estos momentos la comunidad académica nos hemos enterado que pronto llegará al Congreso (no se ha definido alguna cámara de origen) una iniciativa de ley que abroga a la anterior Ley de Ciencia y Tecnología. Parece ilógico que dicha iniciativa sólo sea conocida de “oídas” por los principales destinatarios de las disposiciones: la comunidad científica. Para la burocracia esto no tiene la menor importancia. Y urge enviarla al Congreso pues piensan que nadie pondría en tela de juicio lo que ellos decidieron por miles y por el futuro de la ciencia y la tecnología en México. Una vez promulgada, serán legales las decisiones que tomen desde Conacyt, aunque muchas de ellas no sean legítimas.

Nuevamente el dilema entre legalidad y legitimidad. Se dice que el objetivo es darle “autonomía” al Conacyt. Pero lo poco que sabemos es que será autonomía para su alta burocracia y no para ninguno de los 27 Centros Públicos de Investigación que integran el formalmente llamado “Sistema Conacyt”. Así fueran maravillosos los cambios, uno no puede dejar de pensar mal cuando lo hacen con tanta premura y en lo “oscurito”. Es una sensación de que a los académicos y científicos nos consideran menores de edad y hasta en ocasiones discapacitados, incapaces de opinar sobre una nueva ley de trascendencia e importancia para todo el país. No, la burocracia concentra todo el poder de decisión y los científicos y tecnólogos solo cuentan como estadística. 

En este país se promulgan leyes para que todo funcione igual e incluso para apuntalar el poder de unos cuantos burócratas que consideran que la democracia o el tomar en cuenta a las comunidades es una decoración prescindible. En el caso de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología la oportunidad para cambios de fondo a las políticas públicas en la materia parece que será desperdiciada por la codicia de quien busca perpetuarse en el control de los centros públicos de investigación. La “autonomía” servirá para poca cosa, salvo para seguir concibiendo el ejercicio científico como una forma de hacer negocio con dinero público.

Director del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte. Correo electrónico: [email protected]. Twitter: @victorespinoza_

Página WEB; www.victoralejandroespinoza.com

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