AFN POLÍTICO

 

 

TIJUANA BC 6 de abril de 2014 (AFN).- Según una información que nos llegó a nuestro correo y que compartimos con ustedes porque abunda en datos específicos e incluye documentos, dos altos funcionarios del gobierno de la entidad se encuentran involucrados en un tema que de confirmarse resultaría escandaloso, ya que hay de por medio una orden de aprehensión.

 

El tema tiene que ver con cuestiones fiscales e involucra a una empresa denominada “Latino Servicios de Salud S.C. y/o Latino Health Care”, que supuestamente realizó operaciones activas de seguros, sin la correspondiente autorización federal, lo cual está encuadrado como un delito según la “Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros”.

 

En la información que nos hicieron llegar se advierte que hay una orden de aprehensión girada desde el pasado 31 de enero por el juez Pedro Jara Venegas, titular del juzgado Sexto de Distrito en la entidad bajo el folio 21/2014 en contra del Secretario General de Gobierno Guillermo Trejo Dozal, quien es el “número dos” en la administración estatal de Baja California, así como en contra de otros de sus socios, que son enumerados de la siguiente manera:  Raúl Ernesto Garnier Capillo y Gilberto Sing Hurtado, ambos en su calidad de Presidente en tanto que a Guillermo Trejo Dozal lo mencionan como  Secretario del Consejo de Administración. También incluyen a José Fernando Moncada González como representante legal.

 

Y aunque en el texto que nos enviaron no se le señala dentro de los personajes sobre los que pesa orden de aprehensión, no queda claro si también está en esa situación el Secretario de Desarrollo Económico de la entidad Carlos Humberto Bonfante Olache, ya que dentro de la opinión técnica que presenta a la Procuraduría General de la República la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, se le menciona textualmente al establecer lo siguiente:

 

SEGUNDO.- Se emite opinión en el sentido que en su carácter de Presidente, Secretario, Tesorero y Vocal, respectivamente del Consejo de Administración de Latino Servicios de Salud S.C. los CC. Gilberto Singh Hurtado; Guillermo Trejo Dozal; Carlos Humberto Bonafante Olache; y Raúl Ernesto Garnier Capillo, han venido realizando operaciones activas de seguros, sin contar con la autorización correspondiente, por lo que se somete a la consideración de esa Secretaría el encuadre en el tipo penal previsto en el párrafo primero de la fracción I, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

 

Y esto, a reserva de confirmarse con las autoridades correspondientes, sería un fuerte escándalo para el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, ya que la orden de aprehensión se puede cumplir en cualquier momento, con el consiguiente daño a la administración estatal.

 

Según los datos proporcionados, el Juzgado Sexto de Distrito consideró que sí se acreditan los agravios denunciados por Flavio Carlos Valadez, en su carácter de Director General de Delitos Financieros y Diversos de la SHCP,  por lo que, según corresponde en este tipo de casos, el titular de Hacienda Luis Videgaray, solicitó la acción penal por el hecho de que al realizarse operaciones activas de seguros sin el permiso correspondiente se está dando una franca violación de lo dispuesto en la “Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros”.

 

Se establece que la penalidad de acuerdo al Código de la materia, es de tres a cinco años de prisión y de 1,500 a 5,000 salarios mínimos, ya que se determinó que los involucrados facturaron 4 millones 679 mil 226 pesos de pagos de primas por servicios médicos al amparo de 13 contratos que exhibió la fiscalía federal en la orden de aprehensión.

 

La muy completa información enviada añade que la mencionada empresa realizó diversos contratos con empresas -que son referidas en la orden de aprehensión- sin constituirse legalmente ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

 

Que algunas de esas empresas citadas por el Ministerio Público Federal para que rindieran declaración testimonial, son señaladas: Poiriez Properties, Interiores Aéreos, Aisling Industries Corp, Valley Spreader inc, Internacional Managment Services, Suterm Sección 83, Honeywell Turbo Technologies, Instituto Salvatierra, Furukawa de México S.A. de C.V., Derbis, Grupo García Montaño, Ochoa y Asociados S.C. y Panasonic Electric Works Mexicana S.A. de C.V.

 

sobre el caso se emitió una opinión técnica de la Comisión nacional de seguros y finanzas que estableció que:

 

PRIMERO: La sociedad denominada: latino servicios de salud S.C., que también utiliza el nombre de Latino Health Care, por conducto de su representante legal el Dr. José Fernando Moncada González “ha venido realizando operaciones activas de seguro, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE, por lo que se somete a la consideración de esa Secretaría el encuadre en el tipo penal previsto en el párrafo primero de la fracción I, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas”.

 

 

Parece que finalmente la policía municipal se está “poniendo las pilas”, porque ayer -aunque sea porque se pusieron de pechito- los uniformados capturaron a uno de los sicarios del cártel Arellano Félix (CAF) tras el tiroteo que se registró en la zona centro de la ciudad por un tonto incidente de tránsito.

 

Entre los que peleaban estaba Francisco Javier Flores Hernández, quien varias veces ha sido mencionado como un pistolero del grupo de narcotraficantes que operan aquí en la región y que está en constante lucha contra la gente del llamado grupo de Sinaloa.

 

Como estaba sucediendo, bien se les podían haber ido estos dos delincuentes (incluido el otro que se enfrentó a tiros al mencionado) pero la policía se movió rápido y los detuvo, además de que les decomiso dos armas de alto poder que seguramente tendrán un historial largo que la Procuraduría del Estado podrá establecer.

 

No sabemos si es por la incorporación de Carlos Alberto Gómez Miguel al área de inteligencia de esta policía, pero desde entonces ya se han estado dando detenciones y decomisos que están bajando la presión al secretario Alejandro Lares Valladares y a su director Reyes Montilla López, que por cierto ya salen juntos a todos los operativos para que las malas lenguas ya no digan que están distanciados.

 

El hecho es que parecen estar dispuestos a darle respuesta la ciudadanía y ojalá que lo ocurrido ayer no sea como le gusta las autoridades afirmar: “un hecho aislado”.

 

 

Locatarios del parque Morelos se quejaron, como ustedes saben, de supuestos actos arbitrarios del director del SIMPATT Julio César Díaz Carrera y como podrán ver en información que vamos a parte aseguraron que este les dijo que traía la consigna del alcalde de recabar una millonaria cantidad para poder operar estos espacios recreativos y que por eso los comerciantes tendrían que “apoquinar” para la reubicación que estaban haciendo.

 

Sin embargo Díaz Carrera negó lo anterior y dijo que aunque si se va hacer la reubicación, ésta no le costará a los comerciantes, los cuales sólo pagarán costos mínimos y les recordó que ellos no son dueños del parque, sino que tan sólo tienen una concesión, que podrían perder en caso de no atender los lineamientos que se establecen.

 

Agregó que la intención de estos trabajos es mejorar las instalaciones de este parque y aseguró que son pocos los comerciantes que se están quejando, ya que el resto está de acuerdo los movimientos que se pretenden hacer.

 

De hecho en los últimos días se rumoró sobre la salida de Díaz carrera de la titularidad del sistema municipal de parques temáticos y no sabemos si es por este conflicto que sostiene con comerciantes o si algunos, por este mismo motivo se están ese rumor.

 

 

Sin embargo ni nadie puede confiarse, ya que el presidente municipal no ha concluido con la serie de cambios y destituciones que pretende estar dentro de su administración, en la que ya se hicieron otros movimientos que son del conocimiento público.

 

También en los últimos días se ha rumorado sobre la supuesta salida del delegado de la mesa, Manuel Trasviña Pérez, ya que algunos dicen que en su lugar quedará el de nombre Mateo Beltrones. Y por el puro apellido ya podrán saber ustedes de quién es hijo y de quién es sobrino.

 

Sin embargo el “Reportero del Barrio” me comentaba que si bien el alcalde de la ciudad ha considerado ese movimiento en la demarcación de La Mesa, el hecho es que todavía no está decidido a llevarlo a cabo y “mucho menos” poner a Beltrones al frente de esa delegación.

 

Lo que sí es una realidad es que don Manuel Trasviña ha estado llevando una adecuada administración de esa delegación, ya que hemos visto cómo en casos que son presentados por los ciudadanos, de inmediato se da una respuesta, al margen de que lo hemos visto muy frecuentemente por varias de las colonias de esta importante zona residencial, Educativa industrial y comercial.